El
Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su Secretario General a cargo CPN
Carlos Haquim, recomendó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y a los Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura,
Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos a que coordinen medidas precautorias y preventivas para
minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de
la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños que se
ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en
la zona.
Además de
los resultados de la investigación para el proyecto “Riesgo Ambiental de la
Niñez en la Argentina” -realizado por la Institución en conjunto con la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del
Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- el Defensor del
Pueblo recibió numerosas denuncias sobre casos de fumigación en Pampa del
Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba),
Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los Toldos (Provincia de Buenos Aires) y
Coronel Suárez (Provincia de Buenos Aires).
Las
denuncias y los estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario
de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los
pedidos in situ, los efectos agudos en niños: dolor de cabeza, adormecimiento de
los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, cansancio,
náuseas, angustia, entre otros. Además, muchas de las escuelas rurales se
encuentran alejadas de los centros urbanos, por lo cual no son protegidas por
las ordenanzas municipales que regulan la materia.
El
Defensor del Pueblo nacional interviene en estos casos a través de pedidos de
informes y en virtud de lo establecido por la Ley Nacional de Educación Nº
26.206 que, en su artículo 126, sostiene que lo/as alumno/as tienen derecho a
ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral; y a desarrollar
sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad,
con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio
educativo.
Por
tanto, la Institución considera que “estos derechos y obligaciones de los
alumnos se ven violados cuando, debido a las fumigaciones a las que se ven
expuestos, deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para evitar
los efectos agudos que produce la exposición”.
Además de
los Ministerios mencionados, el Defensor del Pueblo también exhortó a los
Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, a Organismos de
Investigación y Desarrollo, a Universidades Nacionales y Consejos Federales a
que impulsen mecanismos de monitoreo y seguimiento de los programas que se
desarrollen para controlar que se reduzca efectivamente la presencia de
agroquímicos en el ambiente escolar.
Asimismo, el
Defensor exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros que arbitre los medios
necesarios para incentivar la producción agroecológica, considerando la
posibilidad de establecer subsidios o reducciones impositivas en los tributos
nacionales que gravan este tipo de actividad.
con copia para
